La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas quisiera instar a las autoridades del Gobierno de México a que aseguren las debidas consultas con los pueblos indígenas respecto a medidas legislativas o administrativas y proyectos de desarrollo que pudieran afectar sus derechos humanos, tal como mandan los instrumentos internacionales de derechos humanos que México ha ratificado e incluso impulsado activamente en el ámbito internacional.